El Gobierno mexicano rechazó hoy haber presionado «directa o indirectamente» a MVS Comunicaciones para que despidiera a la periodista Carmen Aristegui en febrero de 2011, y dijo que aquella decisión fue de la empresa, que la recontrató unos días después.
«Jamás hubo presión alguna de la Presidencia de la República para correrla (despedirla) como tampoco para impedir que regresara a su espacio informativo», dijo en rueda de prensa la coordinadora general de Comunicación Social, Alejandra Sota.
La portavoz del Gobierno federal salió así al paso de las acusaciones de un supuesto chantaje de altos funcionarios, entre ellos Sota, hacia MVS para que la comunicadora, muy crítica con el Gobierno de Felipe Calderón y titular de un programa de radio de gran audiencia, fuera despedida.
«Ni la Coordinación de Comunicación Social que yo encabezo, ni el secretario de Comunicaciones y Transportes solicitamos de manera directa o indirecta el cese de la conductora de Noticias MVS y así consta en todas las comunicaciones» que hoy divulgó el presidente de la compañía, Joaquín Vargas, dijo Sota.
Esta mañana Vargas presentó pruebas de las supuestas presiones y dijo que era «falsa» la afirmación de la Presidencia de que no participó en la salida del aire de Aristegui mostrando correos y comunicaciones con Sota y el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano.
Entre otras, mostró una carta supuestamente escrita por Sota en la que planteaba los términos en los que Aristegui aceptaba su responsabilidad por haber lanzado un comentario en torno al supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón.
Sota rechazó ser la autora de la misiva, dijo que nada más hizo «observaciones» a un texto que le presentó Vargas, a quien responsabilizó en exclusiva por el contenido y los términos de la carta de disculpa pública por el comentario sobre el mandatario, que la Aristegui se negó a firmar, lo que motivó su despido.
«Respecto a las declaraciones del presidente de MVS, rechazamos que el Gobierno federal haya intentado coartar la libertad de expresión de la periodista», apuntó.
Para la portavoz, «las acusaciones esgrimidas por el presidente de MVS carecen de sustento y buscan contaminar una decisión técnica en materia de telecomunicaciones relacionada con la banda 2.5».
El Gobierno anunció hace dos semanas que recuperará la banda de 2.5 gigahercios, en su mayoría explotada por MVS, para licitarla de nuevo y ofrecer servicios de banda ancha, una decisión que la empresa calificó como una «revancha» por la recontratación de Aristegui.
La portavoz del Gobierno dejó claro que la política de comunicación «se finca en la libertad de expresión» y la de telecomunicaciones, «en la viabilidad técnica y financiera».
Sostuvo que el fondo del problema no tiene nada que ver con la libertad de expresión, sino «única y exclusivamente con que MVS no quiso pagarle a los mexicanos lo que la banda cuesta: 27,000 millones de pesos».
MVS ofreció pagar hasta 11,164 millones de pesos, lo que motivó que el Gobierno comenzara el proceso para recuperar la frecuencia con el argumento de que actualmente es poco utilizada.
En la misma rueda de prensa, el titular de Comunicaciones y Transporte, Dionisio Pérez Jácome, dijo que el Gobierno llevaba «cerca de seis años» tratando de dar «buen uso» a la banda de 2.5 gigahertz.
«Lo que queremos es darle a México mayor competitividad» y la posibilidad de utilizar mejor el espectro para ofrecer más servicios de banda ancha, agregó.
En tanto, la Comisión Permanente del Congreso, que sustituye al Legislativo en periodo de receso, pidió al Ejecutivo que presente con carácter de urgente un informe que explique las razones del rescate de la banda.
El anuncio del Gobierno ha «generado múltiples interpretaciones y una gran incertidumbre sobre las razones de fondo para asumir dicha medida, sobre todo cuando faltan pocos meses para que concluya la actual Administración», dijo el diputado José Luis Jaime Correa.
EFE
