Se cree que al borrar un mensaje en WhatsApp se elimina del teléfono, pero todo se queda grabado en el móvil y podemos acceder a ello, en cuestión de días.
‘Tras once años de trabajo en el mundo de la ciberseguridad, sigo viendo la misma ignorancia; hemos aprendido muy poco’, dice Silvia Barrera, quien dirigió el departamento Forense Digital de la Brigada de Investigación Nacional Tecnológica de la policía nacional de España.
La investigadora piensa que seguimos aplicando las reglas del mundo físico al virtual y que la mayoría de la gente está convencida de que sus actos en la Red o con los dispositivos móviles se pueden borrar, que no queda rastro.
Critica además que las redes sociales hablan poco de los peligros que conlleva su uso y que no se involucran en la prevención.
‘El cambio tecnológico ha sido brutal y nadie nos ha enseñado a gestionarlo. Los menores que acceden ahora dependen de sus padres que no tienen ese conocimiento y en la escuela tampoco se enseña’, lamentó la autora del libro ‘Instinto y Pólvora’ (Paneta, 2018), en el que narra sus vivencias como inspectora de policía.
En él, describe una situación habitual: ‘Tu pareja deja el móvil encima de la mesa, tú conoces sus claves, accedes sin su consentimiento y revisas sus mensajes. Esto es un delito y mucha gente no lo denuncia por desconocimiento’, asegura.
La investigadora comenta que la policía no dispone de recursos para atender todas las peticiones y que el principal problema es que las víctimas de este tipo de delitos deben contactar los servicios profesionales de forenses informáticos privados para que analicen sus dispositivos y asumir el costo de los informes periciales.
‘Por falta de recursos humanos y técnicos de las propias instituciones, el sistema público no lo cubre; hace falta una serie de software y maquinaria que la Policía no tiene’, señala.
Su unidad arrancó en 2007 con 50 policías y ahora ya alcanzó los 120.
‘La sociedad necesita concientizarse de la realidad del ciberdelito que, de momento, permanece silencioso y no genera alarma social’.
En 2016 se registraron en España 66,584 infracciones relacionadas con fraude informático, amenazas y coacciones, acceso e interpretación ilícita de información, delitos sexuales o falsificación informática, un 10.7% más con respecto a 2015, según el último estudio sobre cibercriminalidad del Ministerio del Interior.
La mayoría de las víctimas en ciberdelincuencia son hombres (54.33%) de entre 26 y 50 años. En el caso de delitos sexuales y contra el honor hay un mayor número de mujeres entre las víctimas.
‘Actualmente son muy pocas las investigaciones criminales en las que no hay una prueba tecnológica. Toda nuestra vida está en el móvil’, indica Elvira Tejada, fiscal de la Sala del Tribunal Supremo y titular de la Fiscalía de Criminalidad Informática.
‘El problema es que la gente no reflexiona sobre lo que se publica en Internet y sus posibles consecuencias, y el número de conflictos no para de crecer’, añadió.
Hay conductas ‘novedosas’ que se incluyeron en la reforma del código penal de 2015. ‘Nuevos delitos como el de difusión de imágenes de carácter íntimo sin el consentimiento del afectado o el de acoso a través de la red. Somos muy cuidadosos a la hora de analizarlo, tiene que reunir todos los requisitos que contempla el tipo penal’, agregó Tejada.
En su opinión, es necesario destinar más recursos a los laboratorios de la policía tecnológica porque ‘están desbordados’.
Manuel Huerta, director de la compañía Lazarus, comentó que ‘tenemos muy presente el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: si mientes o ocultas información para favorecer a alguien, puedes ser condenado con pena de cárcel’, destaca. Un informe pericial puede costar entre 1,800 y 3,600 euros.
¿Cuál es el caso más común de desconocimiento por parte de los usuarios? Huerta no lo duda: ‘Creen que al borrar un mensaje de WhatsApp se elimina del teléfono, pero todo se queda grabado en el móvil y podemos acceder a ello. Es cuestión de días’, concluye Huerta.
