Dos años atrás celebraba el sector de telecomunicaciones, o al menos su segmento más pro-competitivo, el otorgamiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Título de Concesión en donde se le autorizaba “instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, para la prestación y arrendamiento de capacidad de la red, y la comercialización de la capacidad adquirida respecto de redes de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones”.
Ayer, el Presidente de la República anunció el inicio del proceso de licitación de parte de la fibra óptica que tiene desplegada en una extensión de 21,400 kilómetros en todo el territorio nacional. Todo esto no es un tema menor para el sector de las telecomunicaciones, toda vez que esa red atiende ya, en lo eléctrico, a aproximadamente 130,000 localidades, en su mayoría rurales y (vaya, aunque sea por medio de diablitos) prácticamente a la totalidad de los 108 millones de habitantes de la República.
Un primer punto a destacar es que dicha red tiene un trazo con sesgo social que, más allá de buscar tocar los puntos de mayor interés comercial, busca la plena cobertura del territorio nacional. Con esto tiene un gran impacto en términos de inyección de competencia en regiones de limitada o nula infraestructura. El conjunto de redes disponibles actualmente en el país cubren de manera redundante el centro y norte del país; sin embargo, en el sur y el noroeste del país no existe, o existe de forma limitada, oferta de servicios de telecomunicaciones.
Hoy, la oferta de fibra sigue siendo muy limitada, sobre todo en algunas regiones del país, con sus consecuentes efectos en términos de también limitada cobertura, calidad y precios elevados. Así, los beneficiarios de esta disposición serán, claro está, el conjunto de operadores de telecomunicaciones (móviles, de telecomunicaciones por cable, fijos) y consecuentemente sus usuarios.
Sin duda éste representa un primer paso muy importante, que deberá tener su continuación en la puesta a disposición de más fibra óptica.
Incluso destaca esta decisión en pleno contexto de recesión macroeconómica, por su efecto en términos de detonar más inversiones del resto de operadores de telecomunicaciones, a la vez que promueve el crecimiento económico y la generación de empleo a través de la provisión de servicios al conjunto de la sociedad y del aparato económico nacional.
Como sabemos, todos los pasajes de dinamismo y estabilidad económicos han sido precedidos y, posteriormente, acompañados por largos periodos de inversión en infraestructura productiva, como la de transportes (puertos marítimos, ferroviarios y aéreos), comunicaciones (telefonía fija, móvil, telegrafía, etcétera), energía (electricidad, gas y petróleo) y servicios públicos (ductos, irrigación, drenajes).
Con todo, lo que estamos a punto de presenciar con la entrada de la CFE en el mercado de telecomunicaciones es una inyección de competencia que deberá ser aún mayor con las subsecuentes licitaciones de capacidad y fibra. Este tipo de medidas para aprovechar la infraestructura existente, pero aún no aprovechada, se traducirá en un aliento de competencia que muy pronto deberá reflejarse también en los usuarios finales en términos de mayor cobertura de servicios, con mejor calidad y a precios cada vez más competitivos.
Fuente: El Economista, Ernesto Piedras, Director General de The Competitive Intelligence Unit (www.the-ciu.net)
