Fuentes de Grupo Salinas señalaron que la continuación del proceso es un desacato contra una orden judicial que le otorgaron el 2 de julio
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) reanudó ayer el proceso de presentación de propuestas económicas para las dos licitaciones de espectro radioeléctrico, que se encuentran en su etapa final. Así lo publicó hoy el diario Reforma.
Al cierre de la ronda 62, en el caso de la banda de 1.9 gigahertz (Ghz) sólo se actualizaron propuestas para tres de los 24 segmentos que la componen, para superar los mil 600 millones de pesos, nueve veces por arriba de la oferta inicial del proceso.
En la banda de 1.7 Ghz, se presentaron ofertas nuevas para 11 de los 27 concursos en los que se dividió el espectro, para alcanzar un valor de más de 4 mil millones de pesos, 11 veces más que el propuesto por el Gobierno, describen datos de la Cofetel.
El organismo recordó que no existe una fecha predeterminada para finalizar la ronda, mientras sigan existiendo propuestas por parte de los operadores.
Fuentes de Grupo Salinas señalaron que la continuación del proceso es un desacato contra la orden judicial que obtuvieron el pasado 2 de julio.
Hace unos días, el juez tercero de distrito en materia administrativa del Estado de Guerrero, admitió el juicio ordinario de Iusacell Inalámbrica contra las licitaciones y estableció una medida cautelar para que no se verificara el contrato o adjudicación de las licitaciones.
«La resolución federal no causó ningún efecto legal a la nueva presidencia de Cofetel, violando de esta manera o dejando de respetar una resolución judicial, lo cual exhibe el autoritarismo con que se conducirá Mony de Swaan al frente de esa Comisión», señalaron.
La Cofetel refiere que oficialmente no ha sido comunicada aún de la resolución, y el director de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, aclaró que no se otorgó una suspensión, sino una medida cautelar, lo que significa una resolución preliminar e impugnable.
Las fuentes de la firma demandante aseguraron que jueces y magistrados, se han declarado objeto de presiones políticas, intimidaciones y amenazas por parte de funcionarios de Cofetel y la SCT.
Fuente: Reforma
