La población rural de América Latina y el Caribe sufre una profunda brecha digital, con un porcentaje de conectividad de solo 36.8%, agravada por la recesión provocada por la pandemia de COVID-19.
Frente a un 71% de servicios de conectividad global en los habitantes del área urbana, se vislumbra ‘un largo recorrido para lograr condiciones de paridad’ entre ambos ámbitos, de acuerdo con un estudio promovido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con sede en Costa Rica, y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft.
Según el documento ‘Conectividad rural en América Latina y el Caribe. Un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia’, casi un tercio de la población de la región no tiene acceso digital y vislumbra un largo recorrido para lograr condiciones de paridad con el ámbito urbano, lo que además afecta al desarrollo económico y laboral en el caso concreto del sector agroalimentario.
Además, el informe revela que la situación de la conectividad es heterogénea entre los países y dentro de ellos, con la población rural, las mujeres y los más desfavorecidos económicamente aún en mayores condiciones de desventaja en una situación de confinamiento en la que es imprescindible la conexión digital para acceder a servicios sanitarios y educativos o al teletrabajo.
El estudio del IICA, BID y Microsoft refleja además que hay problema de costo y calidad de las conexiones a internet, que el 50% de los países de la región no tienen agendas digitales o estrategias de ciberseguridad y que faltan dispositivos de acceso: en el caso de los teléfonos inteligentes el acceso llega al 69% y en el de las computadoras, al 65.7%.
Los expertos hacen hincapié, además, en que los datos sobre conectividad, especialmente en el medio rural, son escasos, lo que influye en la posibilidad de medir la brecha digital y apoyar con esas cifras la formulación de políticas públicas en la materia.
Respecto a los factores que dificultan la expansión digital, señalan desde los de infraestructura (transporte y electricidad, por ejemplo) hasta los elevados costos de inversión de las operadoras o la falta de un marco legislativo actualizado.
