México registró un aumento del 40% en sus ataques cibernéticos en 2012, alertó hoy un informe divulgado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
De acuerdo con el estudio, realizado por la empresa TrendMicro, los ataques y crímenes cibernéticos aumentaron el año pasado en América Latina ante la falta de estrategias gubernamentales sólidas para hacer frente a esos desafíos, que van desde el pirateo por motivos políticos hasta el uso de foros para el lavado de dinero.
El aumento de los delitos cibernéticos osciló entre el 8 y el 40 por ciento en la mayoría de los veinte países latinoamericanos y caribeños que proporcionaron información para la elaboración del informe.
Colombia y Chile tuvieron un descenso en el número de incidentes registrados con respecto a 2012, de acuerdo con el informe, que sólo ofrece cifras específicas sobre seis países.
Sólo dos países de la región, Colombia y Panamá, cuentan con una estrategia nacional de combate contra el cibercrimen, según el estudio, que señala que Chile, Uruguay, México y Perú están «trabajando para hacer lo mismo» y otros, como Argentina, cuentan con equipos especializados para responder a los ciberataques.
En general, el informe concluye que sigue sin haber datos fiables que permitan tener una panorámica completa de la región debido a dos factores que «bloquean comúnmente los esfuerzos» de los Gobiernos para hacer frente a los nuevos retos en la red.
Se trata de «la falta de recursos dedicados al fortalecimiento de la capacidad en seguridad cibernética y la escasez de conocimientos especializados y experiencia práctica para la implementación de políticas o capacidad técnicas», indica.
Entre los principales desafíos, destaca el aumento del ‘hacktivismo’ o ataques piratas políticamente motivados, cuyo impacto económico es «muy probablemente superior a las pérdidas provocadas por cualquier otra forma de delincuencia, incluido el narcotráfico».
Además, señala que los servidores, los foros de piratas y otros canales se usan como «bazares clandestinos para el intercambio de dinero y bienes y servicios ilícitos».
EFE