Con acuerdo de convergencias o no, la buena noticia acaba de llegar, los analistas del sector señalan que este año el 62 por ciento de las conexiones a Internet del país serán de banda ancha. Paralelamente, el proveedor de más del 60 por ciento de las conexiones de banda ancha del país anunció que duplicará gratuitamente la velocidad de conexión de sus clientes.
Esta tendencia a incrementar la cantidad (y calidad) de las conexiones de banda ancha en el país no puede dejar de ser admirable, sin soslayar el hecho de que queda aún una enorme brecha si se considera que sólo existen aproximadamente cuatro millones de cuentas de acceso a Internet en nuestro país. Es necesario que la cantidad de cuentas de acceso a Internet siga creciendo o, mejor aún, que crezca a ritmos más acelerados, sobre todo en las regiones más aisladas del país. No podemos ser tan irresponsables y pensar preponderantemente acerca de la convergencia tecnológica cuando más de la mayoría de la población aún no tiene una línea de teléfono fija en su hogar.
El tema de la brecha digital se puede tornar más crítico cuando los servicios cotidianos requieran de servicios de banda ancha para ser utilizados, como es el caso de buena parte de los portales de bancos y de las dependencias del gobierno federal.
Las posibilidades que se tienen para usar Internet como medio de telecomunicación de alto desempeño se hacen cada vez más realidad. A través de Internet público, no administrado, se puede tener acceso hoy a recursos de información serios y completos, incluyendo información bursátil en tiempo real, sistemas de videovigilancia, información de telemetría de operaciones de manufactura, etcétera.
Los mecanismos de compresión de datos y las velocidades de conexión de banda ancha existentes permiten ya, por ejemplo, la transmisión de señales de video en tiempo real, pero en el campo de la realidad, el video es aún de una calidad menor a lo que se puede encontrar en un televisor ordinario. Sin embargo, la masificación de la infraestructura de red y el crecimiento de las capacidades traerán como consecuencia retos jurídicos interesantes, entre ellos el de la convergencia regulatoria.
¿Qué pasará cuando un servicio de transmisión de video desde bancos de video bajo demanda cumpla con la definición de servicio de valor agregado? ¿Podrán entonces existir servicios de acceso remoto a bancos de datos de video que no estén regulados por la normatividad aplicable a redes públicas y que, por el contrario, puedan ser prestados incluso de forma transfronteriza al amparo de un certificado de registro de valor agregado? O ¿sólo por el hecho de que el flujo de los datos de las señales de video sea continuo, deberá considerarse a este tipo de servicios como de televisión restringida?
En fin, esta y otras dudas están pendientes de resolverse. Mientras tanto, seguiremos siendo testigos del debate relacionado con el acuerdo de convergencias, en donde por un lado, tenemos a los concesionarios de redes públicas peleando por obtener algo que ya tienen (el derecho de transmitir todo tipo de contenido por sus redes) y, por otro, al concesionario con mayor penetración en el sector de la telefonía, peleando por un derecho que no tiene y que nunca tuvo (el derecho de transmitir señales de video por su red). Un debate inusual, sin duda.
Fuente: El Financiero, Sergio Legorreta (Miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, AC.)
