La solicitud del FBI a Apple de crear una versión de su sistema operativo para acceder a los datos de un iPhone utilizado en un atentado terrorista en Estados Unidos puede ser, de facto, un intento de control social e individual, bajo la lógica de la Seguridad del Estado.
El Departamento de Justicia argumenta que su petición de que Apple facilite al FBI el acceso a dicho iPhone es una solicitud ‘de una sola vez’. Sin embargo, Apple argumenta que la escritura de software para burlar la seguridad del teléfono sentaría un precedente peligroso en términos de dar al Gobierno el acceso ‘por la puerta trasera’ en un futuro.
Lo que a primera vista podría interpretarse como un requerimiento judicial habitual, es de hecho, un intento por establecer nuevas reglas y ensanchar el alcance de las agencias de seguridad del Estado, en el Gobierno de Estados Unidos. Además, la trascendencia de este requerimiento va mucho más allá del país norteamericano.
El presente debate tiene mucho más alcance dentro del tema de la democratización de la tecnología, donde se dirime el rol de las empresas tecnológicas, la función del Estado y la preservación de los derechos civiles individuales.
‘La disputa entre Apple y el FBI no es solamente entre la policía y una empresa privada en un tribunal de California. Nos estamos jugando en realidad la esencia misma de los derechos civiles, sociales e individuales que fundamentan la convivencia de las democracias liberales’, en opinión del especialista Diego Beas.
‘Reitero que la única salida que tenemos en este entuerto es compleja y sencilla la vez: politizar la tecnología. Porque la conversación pública sobre tecnología, innovación y su valor social, sobre cómo afecta la vida cotidiana, está vacía de una dimensión política fundamental’, concluye Beas.
Con información de El País
