En estos meses por venir seguirá vigente la discusión para afinar la propuesta para reformar las leyes relativas a telecomunicaciones y radiodifusión, en busca de generar el marco regulatorio que nos ubique como país en un plano de vanguardia regulatoria. Ambos sectores, de las comunicaciones y las telecomunicaciones, en su desarrollo y convergencia, dependen principalmente de tres elementos.
Primero, la Tecnología, que en la actualidad registra el progreso más importante en más de un siglo. Estos cambios tecnológicos deben ya reconocerse como parte de un proceso profundo y de largo plazo de Convergencia, en el que todos los componentes de imágenes, video, datos, voz, etc. son transportados a través de las mismas redes, para que los usuarios accedan a ellos en una variedad de puntos terminales.
Segundo, el Mercado, que se constituye por la oferta de una industria que opera con los incentivos propios de las mismas leyes y fuerzas del mercado, así como otra oferta de servicios que es y debe seguir siendo conducida por una política pública sensible, conocedora de los potenciales que ofrecen esos avances, pero sobre todo, con el foco del interés público que no alcanza a ser atendido justa y eficientemente por la operación del mercado.
El Mercado se constituye también y de manera crucial, por una demanda caracterizada por la suma de consumidores (sean individuos, familias, unidades económicas micro, pequeñas o grandes e incluso el mismo gobierno, como usuario), cada vez más conocedores de los potenciales, con enfoque crítico de los contenidos y ávidos de adopción de estos servicios convergentes.
Sin embargo, el bienestar de los consumidores es básicamente dejado de lado en las discusiones, análisis y consecuentemente en las consideraciones legales, regulatorias y de políticas públicas del sector. Este hecho da pie a la reflexión acerca del tercer elemento, la Regulación. Como país no hemos tenido la capacidad de promover su actualización para contar con una Regulación para la Convergencia o Regulación Convergente, que promueva los beneficios sociales de la dinámica tecnológica y del mercado.
El usuario de telecomunicaciones de hoy ya no depende de un sólo canal de noticias, puede contar con al menos dos opciones en TV abierta y muchas más en TV restringida, puede acceder a un altamente competitivo mercado radiofónico y puede a través de Internet ver las opiniones de medios en el extranjero así como publicar las propias. ¿Pero cómo se defiende al usuario más pobre que se ve condenado a vivir separado del mundo ante una cada vez más profunda brecha digital, sin Internet, sin TV por cable, etc.?, la respuesta es clara, haciendo más asequibles los servicios y asegurando el desarrollo de infraestructura en todos los rincones de México.
Esa es la función de un regulador moderno, no lo es el censurar el contenido de los programas de comedia. En un escenario donde el usuario tiene un poder sin precedente, la función del regulador es velar por los derechos sus derechos. Por lo tanto, es el consumidor quien debe ubicarse en el centro de la atención de la Ley, pero no con el enfoque de un consumidor pasivo. Esa deberá ser la principal tarea del órgano regulador fortalecido, promover la maximización del bienestar de los usuarios, sobre la base de operación de una industria sana. En un ambiente de sana competencia donde el proceso de Convergencia se desarrolla de forma natural y el usuario se beneficia de la eficiencia de los operadores en la forma de menores precios.
El proceso se autoafirma en un círculo virtuoso donde el avance de la Convergencia se traduce en más opciones al usuario, garantizando un ambiente competitivo. La meta primordial de una Regulación Convergente debe ser crear los incentivos para desatar los procesos de innovación por parte de todos los actores económicos que faciliten la adopción de nuevas tecnologías como herramientas para la productividad, la competitividad y por ende el bienestar económico.
Así, una de las principales básicas del regulador debería enfocarse a identificar “cuellos de botella” que impidan el establecimiento de nuevos entrantes, no en el establecimiento de “nuevas barreras” a la entrada de los diferentes mercados. El siguiente paso deberá ser la aplicación efectiva de la ley para materializar la contribución de estos servicios en términos del bienestar de los mexicanos y competitividad de nuestro país.
Ernesto Piedras, Economista (ITAM-London School of Economics), Director General de The Competitive Intelligence Unit. [email protected]
