Un juez federal de Luisiana ordenó a los funcionarios y agencias clave de la administración del presidente Joe Biden que se abstengan de comunicarse con las plataformas de redes sociales para suprimir a los oradores y puntos de vista con los que no estén de acuerdo.
Este acontecimiento importante enfrenta los derechos de libertad de expresión con los esfuerzos del gobierno por frenar la desinformación.
El fallo se produjo en un caso presentado por los fiscales generales de Luisiana y Missouri, quienes afirmaron que la administración Biden estaba intentando silenciar los puntos de vista y oradores que cuestionaban sus políticas relacionadas con el covid y la validez de las elecciones de 2020.
‘Podría decirse que el presente caso implica el ataque más masivo contra la libertad de expresión en la historia de Estados Unidos’, escribió el juez federal de distrito Terry A. Doughy.
‘El gobierno no podrá comunicarse con las empresas de redes sociales con el fin de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier forma la remoción, eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida’.
Según el fallo, el gobierno aún puede notificar a las plataformas sobre publicaciones que detallen delitos, amenazas a la seguridad nacional o intentos extranjeros de influir en las elecciones.
El funcionario declaró que las plataformas de redes sociales deben tener en cuenta los efectos que tienen en el pueblo estadounidense.
La medida, que es objeto de oposición por parte de los demócratas, es poco probable que se convierta en ley. Define la censura como influir o coaccionar, o dirigir a otros para que influyan o coaccionen, con el propósito de eliminar el discurso protegido por la Primera Enmienda en cualquier servicio informático interactivo, como las plataformas de redes sociales. También incluiría buscar restringir el acceso de un individuo a alguna plataforma o agregar descargos de responsabilidad al discurso legal.
En 2021, Texas y Florida aprobaron leyes separadas que declaraban ilegal que las plataformas tecnológicas bloquearan o degradaran contenido que violara sus términos de servicio. Sin embargo, estas medidas están actualmente bloqueadas y permitirían a los usuarios individuales demandar a las empresas en casos de supuesta censura política.
