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Fideicomiso millonario en telefonía, sin ejercer

Telmex gana licitación, tras ser la mejor propuesta

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes mantiene estancado un porcentaje de inversión destinado para el fondo de cobertura social, en donde Telmex ya desplegó infraestructura.

La empresa de telecomunicaciones ha instalado cerca de 40,000 líneas en zonas rurales del país; sin embargo, la SCT no ha otorgado a la empresa el total del fideicomiso al que se hizo acreedor Telmex desde el 2005.

El fondo de cobertura social es por 750 millones de pesos y se licitó en tres partes en el 2005; como parte del resultado, Telmex resultó ganador de dos fideicomisos, tras haber sido la empresa que menos recursos solicitó a la dependencia para el despliegue de infraestructura.

En este sentido, Telmex demanda a la SCT el total de los recursos que le corresponden, además de que la empresa argumenta como otro problema el que en algunas zonas rurales son muchos los permisionarios que operan en la banda de 450 megahertz, destinada a radiocomunicación, por lo que se satura el espectro.

Telmex es la única empresa participante en el Fondo de Cobertura Social y es la operadora de las etapas II y III del programa e-México; ambos proyectos destinados a reducir la Brecha Digital y contribuir al desarrollo de los sectores sociales que aun no cuentan con los servicios de telecomunicaciones.

Obligación sin vigilancia

La telefónica mexicana reportó en el 2006 que daba atención a más de 22,000 poblaciones en todo el país, por lo que, con los recursos provenientes del Fondo de Cobertura, Telmex incrementaría su cobertura en 11,000 poblaciones adicionales.

Con base en dicho fondo, la empresa está obligada a proporcionar el servicio de telefonía fija sin gastos de instalación, el primer aparato telefónico será suministrado sin costo para el usuario, sin pago de renta mensual; el tráfico entrante no tendrá costo para el suscriptor del servicio y el tráfico saliente se cobrará mediante el prepago conforme al promedio de la tarifa máxima de telefonía pública.

Fuente: El Economista, México

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