En los próximos meses en que las comisiones del Senado de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y Radio Televisión y Cinematografía estarán trabajando en la nueva Ley de Medios Electrónicos de Comunicación, valdría la pena que éstas también dedicaran parte de su tiempo a revisar el diseño, facultades y responsabilidades del órgano regulador, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Al respecto, resulta indispensable incluir en la nueva ley medidas que resuelvan de una vez por todas uno de los problemas cruciales de la regulación: la fragmentación de los procesos regulatorios entre la Cofetel y la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), institución que ha retrasado la aplicación de las decisiones y el desarrollo de la competencia en el sector, propiciando la debilidad del organismo regulador.
La ley actual -a pesar de que le otorga autonomía de gasto a la Cofetel- sólo tiene facultades para participar en ciertas etapas de los procesos regulatorios, pues la ley permite que la Secretaría continué teniendo las facultades para otorgar concesiones de servicios de telecomunicaciones y para aplicar sanciones a los concesionarios o de que el titular de la misma tenga facultades para objetar las decisiones del Pleno de la Cofetel.
Por lo anterior, la SCT continúa con facultades sustantivas para controlar y decidir sobre dichos procesos, dejando sin contenido real la supuesta autonomía del regulador. Por ejemplo, si el titular de la SCT por diversas razones está
en contra de una resolución del Pleno, podría revertirla sin más.
El sistema de doble ventanilla y sus efectos perniciosos para una regulación efectiva del sector de telecomunicaciones no es exclusivo de México, ya que también se presenta en Argentina.
En este país, la regulación de las telecomunicaciones se divide entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Secretaría de Telecomunicaciones. Además de que la CNT depende del ejecutivo (lo cual le resta independencia) no ha resuelto con prontitud los problemas regulatorios que ha enfrentado, lo que ha llevado a que haya perdido toda su credibilidad. Cuenta con un esquema de rendición de cuentas muy limitado y no existe siquiera
un mínimo de consistencia, por ejemplo, entre los niveles de las tarifas de interconexión y las tarifas de los servicios finales de telecomunicaciones.
Asimismo, en revisiones del marco institucional de la regulación de las telecomunicaciones se observa que en más de 60 países las objeciones de los particulares a las resoluciones del regulador son atendidas exclusivamente por
el poder judicial, mientras que sólo en 18, esta función corresponde al Ministerio de Comunicaciones.
Por ello, para eliminar el sistema de doble ventanilla que tanto daño le ha causado a la implementación de la política regulatoria en el sector y al desarrollo eficiente del mismo, es necesario incorporar en la nueva ley que: a) La Cofetel sea el organismo regulador único en todos las fases del proceso regulatorio de los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión en México; b) La Cofetel disponga de las facultades para otorgar concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones, así como para sancionar actividades ilegales de los concesionarios, evitar la discrecionalidad y el manejo político de las mismas por parte de la SCT; c) Las decisiones de la Cofetel no sean objeto del recurso de revisión ante el titular de la SCT, sino que sea el mismo pleno el que conozca de los recursos de reconsideración por parte de los quejosos.
Falta mucho para alcanzar el objetivo de generar una agencia reguladora de los sectores de telecomunicaciones y radio y televisión que sea realmente autónoma e independiente. Sin embargo, el proceso de discusión de una nueva ley por parte de las tres comisiones del Senado es una gran oportunidad para lograrlo.
Fuente: El Economista, Fernando Butler Silva, Presidente del Colegio Nacional de Economistas
