En muchas de las políticas públicas del foxismo puede constatarse la falta de planeación, continuidad y congruencia respecto de los propósitos que dicen atender. Algunas resultaron grandes y onerosos desplantes que, luego de capitalizar los beneficios mediáticos de su puesta en marcha, terminaron en el olvido o en el desdén, como ocurre con el sistema nacional e-México.
Durante la administración zedillista surgió la primera política pública en el campo de la digitalización, denominada Programa de Desarrollo Informático. La presidencia de la República, las dependencias federales, los gobiernos locales y los poderes Legislativo y Judicial fueron adhiriéndose a la supercarretera de la información, pero fue en el transcurso del sexenio pasado (2000-2006) cuando el programa se convirtió en una estrategia de gran aliento que dispuso de cuantiosos recursos financieros y humanos.
Su importancia no es poca cosa. Ante los vertiginosos cambios en la informática y las telecomunicaciones, junto a su capacidad para impulsar mayores grados de desarrollo, e-México se fijó la tarea de integrar los intereses de todas las entidades que emanan del Estado, de los operadores de redes y de las asociaciones vinculadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin de ofrecer una red informática que facilitara la cobertura en servicios básicos para la población.
En el papel, los contenidos digitales de e-México parecían obedecer a una estrategia bien delimitada, pues estaban organizados en cuatro ejes temáticos: e-Aprendizaje, e-Salud, e-Gobierno y e-Economía. Su objetivo era acercar información especializada a todos los habitantes. Se observaba, pues, un sistema con elementos tecnológicos y sociales capaz de acotar las diferencias socioeconómicas de la población.
Según informes de la SCT sobre datos de la Coordinación General del Sistema Nacional e-México, en 2003 éste ya disponía de una red satelital que le permitía cubrir las dos mil 443 cabeceras municipales del país, mientras que en 2005 y 2006 se adicionaron un segundo y tercer sistema que permitieron totalizar siete mil 200 puntos de acceso -los llamados Centros Comunitarios Digitales -, lo que, en teoría, suponía el acceso potencial de 60 por ciento de la población.
No obstante, en los hechos las improvisaciones y la carencia de objetivos claros impidieron que el e-México lograra convertirse en efectiva herramienta de Estado. Además, la interconexión de diez mil comunidades, meta al cierre del sexenio, estuvo lejos de conseguirse.
Más aún, el gobierno foxista supuso que el acceso a la llamada sociedad de la información era una cuestión que se resolvería únicamente con la interconexión. Esto evidenció la falta de un plan integral para incorporar Internet a las actividades educativas, culturales y productivas de las comunidades donde se desarrollaron los CCD. Como consecuencia, en numerosos casos éstos no han funcionado adecuadamente.
Además, esta red no sólo ha reflejado por sí misma el acceso real a la información, tampoco ha garantizado el conocimiento de esta herramienta por parte de sectores donde priva la poca educación y los escasos recursos. Incluso, subsisten marcados problemas de comunicación, como lo muestra la paradoja de que quien no tiene acceso a la red de redes, debe acudir a Internet para ubicar el CCD más cercano.
Los resultados del fracaso del e-México se encuentran a la vista. En seis años la penetración de Internet apenas rebasó 17 por ciento y los usuarios de banda ancha llegaron con dificultades a 2 por ciento. De acuerdo con el INEGI, para 2006 sólo dos millones 735 mil familias tenían conexión a Internet, mientras que casi 22 millones de hogares no contaban con computadora. Las causas son diversas, y van desde la falta de recursos económicos (57.2 por ciento), el no necesitarla (24.2), el desconocimiento para usarla (11) o simplemente el desinterés (5.9 por ciento).
Hoy que los desafíos de la era digital tocan más que nunca a la puerta del país, el futuro del e-México se presenta, sin duda, como una incógnita.
Fuente: El Financiero, México
