Los países de la Unión Europea acordaron hoy sus posiciones conjuntas en marcos jurídicos para favorecer el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en la UE y para avanzar hacia una identidad digital armonizada, de cara a la negociación definitiva con el Parlamento y la Comisión en 2023.
El reglamento sobre inteligencia artificial busca proteger la seguridad, la salud y los derechos fundamentales y al mismo tiempo ofrecer a las empresas y desarrolladores una estabilidad a largo plazo para favorecer la inversión, dijo el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en un Consejo de ministros europeos de Telecomunicaciones celebrado este martes en Bruselas.
El objetivo de la normativa, que se prevé pueda aplicarse hacia 2026, es que tenga un impacto positivo en la economía digital desde el control de los riesgos que se pueden derivar y una explotación justa de nuestros datos, agregó.
En concreto, el acuerdo fija criterios suficientemente claros para distinguir la IA de los sistemas de software más simples, distinguiendo entre sistemas de aprendizaje automático y enfoques basados en la lógica y el conocimiento, según informó el Consejo en un comunicado.
Incluye también ciertas prohibiciones, como el uso de IA para explotar las vulnerabilidades de un grupo específico de personas, incluido desde el punto de vista social o económico, y además fija cuándo las autoridades pueden utilizar, si es estrictamente necesario, los sistemas de identificación biométrica a distancia en tiempo real en espacios de acceso público.
El reglamento pretende distinguir también en la atribución de responsabilidades en el uso de IA en cadenas de valor complejas y aclara aspectos sobre el tratamiento financiero y jurídico de estos, además de clasificar los sistemas de alto riesgo.
El texto que respaldan los países modifica sustancialmente la propuesta inicial de la Comisión para apoyar la innovación, en concreto para que los entornos controlados (sandbox) para el desarrollo, prueba y validación de sistemas de IA innovadores permitan también pruebas en condiciones reales.
En la misma cita, los Veintisiete también consensuaron una postura común en un segundo reglamento sobre identidad digital, de forma que los ciudadanos europeos dispongan de una cartera virtual con una serie de tarjetas, documentos o títulos y que esta se pueda utilizar en toda la UE, una herramienta similar al certificado europeo de vacunación de covid-19.
El reglamento sirve para establecer su arquitectura técnica, de forma que los ciudadanos dispongan de un medio europeo de identidad digital armonizado con certificaciones de ciberseguiridad.
La postura conjunta sobre el reglamento, que requiere y muestra un elevado nivel de confianza entre los Estados miembros, según destacó Finlandia, fue adoptada con más reservas por socios como Dinamarca o Estonia, país este último que utiliza un sistema que permite al ciudadano saber quién en el Gobierno o la Administración ha accedido a sus datos.
