Los críticos de Facebook están cambiando su rumbo, llevando su lucha a Washington, después de años de presionar directamente a la compañía y otras redes sociales para que eliminen el discurso de odio de sus plataformas.
Organizaciones como Color of Change, Anti-Defamation League y Common Sense Media, están presionando cada vez más al Congreso y a la administración del presidente Joe Biden para que obliguen a las empresas de tecnología a tomar medidas más agresivas para modelar sus sitios por intolerancia, desinformación, supresión de votantes y discriminación.
Ahora que los demócratas tienen control en la Casa Blanca y una mayoría en la Cámara y el Senado, dicen los grupos, su objetivo es forzar el cambio a través de la legislación, en lugar de simplemente suplicar a las empresas.
Rashard Robinson, presidente del grupo de justicia racial Color Of Change, y otros grupos de derecho civiles habían enviado correos electrónicos y conversado con el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y la directora de operaciones Sheryl Sandberg, en los últimos dos años sobre la forma en que la empresa manejaba la información errónea y el discurso de odio y los esfuerzos de Donald Trump por cuestionar la validez de las boletas electorales por correo.
Zuckerberg incluso recibió a defensores de los derechos civiles para una cena en su casa de Palo Alto, California, en noviembre de 2019. Pero Robinson y otros dijeron que sus conversaciones no han llevado a Facebook o realizar cambios significativos en su negocio, porque el liderazgo de la compañía no entendió los derechos civiles.
‘No hay nada peor que ir y rogarle a un multimillonario que deje de hacer daño”’ dijo Robinson.
Ahora, los grupos los derechos civiles y otros defensores están respaldando una serie de leyes propuestas que cubren una variedad de temas. Un proyecto de ley debilitaría las protecciones legales de las empresas de tecnología si sus plataformas interfieren con los casos de derechos civiles o faciliten el acoso; y otro obligaría a las empresas a mantener bases de datos de publicidad pública.
Otro proyecto de ley impediría que las empresas vendan la información personal de los usuarios a las fuerzas del orden sin supervisión judicial.
