Francia impuso una multa de 166 millones de dólares a Google debido a que las reglas que impone a los anunciantes de su motor de búsqueda son opacas teniendo en cuenta su posición dominante en el mercado.
Según el fallo de la Autoridad de la Competencia de ese país, las condiciones que Google impone a los anunciantes no son objetivas ni transparentes y las califica de discriminatorias.
Google informó en un comunicado que apelará la sanción y aseguró que su política con los anunciantes busca proteger a los internautas de anuncios abusivos.
No obstante, la Autoridad de la Competencia, considera que la opacidad y la ausencia de objetividad de esas reglas dificultan su aplicación por parte de los anunciantes, mientras que Google puede modificarlas de forma difícilmente previsible y decidir en consecuencia si las respetan o no.
Esta política perjudica a los anunciantes del motor de búsqueda, pero también a los usuarios, agrega el dictamen.
Además de la multa, el regulador obliga a la compañía a publicar la sentencia en su propio motor de búsqueda durante una semana.
Se trata de la tercera mayor multa impuesta por esta instancia regulatoria y la primera contra Google, que con anterioridad ha sido sancionada en Francia por la Comisión Nacional de Informática y Libertades y por los tribunales por cláusulas abusivas.
El fallo se refiere a las páginas patrocinadas que Google muestra cuando un usuario efectúa una búsqueda y que comercializa a través de subastas entre anunciantes.
La Autoridad de la Competencia intervino tras recibir una denuncia de un anunciante francés cuya publicidad fue suspendida por el motor de búsqueda sin aviso previo y, según sus alegaciones, sin motivos objetivos y transparentes.
Google, que acapara el 90% de las búsquedas en Francia y que posee más del 80% del mercado publicitario asociado, está obligado a definir reglas de funcionamiento de su plataforma de anunciantes de manera objetiva, transparente y no discriminatoria, según el fallo.
Sin embargo, en la actualidad no se basan en ninguna definición precisa y estable, lo que deja libertad a Google para interpretarlas según las situaciones, agrega.
Además, la compañía modificó su interpretación de las reglas, lo que genera inseguridad jurídica y económica a los anunciantes, y que dichas modificaciones de normas no son comunicadas a los clientes anunciantes.
Finalmente, Competencia considera que Google aplicó de forma discriminatoria esas reglas, al suspender los anuncios de unas empresas y permitir algunas similares procedentes de otras.
A su parecer, todas esas prácticas llevan a pensar que el motor de búsqueda ha ideado una estrategia deliberada y global destinada a perturbar la competencia, al impedir la publicidad de anunciantes con estrategias innovadoras.
En particular, la multinacional estadounidense ha dado prioridad a las empresas que proponen servicios que se pagan a través de los espacios publicitarios, actividad que, por otro lado, oferta también Google, concluye.
