La empresa MVS Comunicaciones anunció hoy que está dispuesta a pagar 11,164 millones de pesos para renovar la concesión de la banda de 2.5 gigahertz, y presentó una serie de documentos para demostrar que el Gobierno le presionó para que despidiera a la periodista Carmen Aristegui.
El Gobierno anunció hace dos semanas que recuperará la banda de 2.5 gigahertz, que considera infrautilizada, para licitarla de nuevo y ofrecer servicios de banda ancha, y unos días después argumentó que MVS se negó a pagar la contraprestación económica que correspondía.
«Con este pretexto (de que la empresa no quiere pagar) se ha retrasado al país cinco años en penetración de banda ancha», dijo el presidente del Consejo de Administración de MVS, Joaquín Vargas, en una sesión informativa sin preguntas.
Antes de que el máximo responsable de MVS tomara la palabra, el vicepresidente corporativo, José Antonio Abad, aclaró que MVS está dispuesta a pagar un precio justo y acorde con los estándares internacionales para prorrogar las 42 concesiones que tiene en la banda.
La propuesta de MVS sigue siendo de 11,164 millones de pesos (unos 859 millones de dólares), apuntó Abad en el encuentro con los medios.
Hace una semana Vargas atribuyó la decisión de no renovar a MVS las concesiones a una «revancha» del Gobierno por recontratar en febrero de 2011 a Aristegui, solo unos días después de haber sido despedida tras un cometario en el que la periodista aludía al supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón.
Para exponer la secuencia de hechos ocurridos entonces, que culminaron con la recontratación de Aristegui, Vargas aireó hoy transcripciones de mensajes por chat y correos electrónicos mantenidos con altos funcionarios, entre ellos la portavoz del Gobierno, Alejandra Sota, y el exsecretario de Trabajo, Javier Lozano, amigo entonces de Vargas.
Reiteró que MVS Comunicaciones recibió presiones del Gobierno mexicano para despedir a Aristegui, lo que el propio Vargas hizo «convencido, pero bajo presión» y hoy consideró una decisión «precipitada».
Cuando la reinstalación de la periodista era un hecho, Vargas reveló que pidió a Sota que Aristegui, una voz muy crítica del Gobierno de Calderón, le entrevistara para comentar el supuesto problema de alcoholismo, y que la funcionaria nunca contestó al llamado.
Durante la presentación de los mensajes y correos, todos notariados, Vargas dijo que era «falsa» la afirmación de la Presidencia de que no participó en la salida del aire de Aristegui y de que «la práctica diaria de la comunicación social de este Gobierno no se mezclan» con la política de telecomunicaciones.
El directivo indicó que el caso deja claro que la salida de la periodista y su posterior reinstalación sí influyó en las negociaciones que mantenía MVS para tratar de mantener sus concesiones en la banda de 2.5 gigahertz.
«En MVS no nos dedicamos a grabar ni a realizar actividades de espionaje. Los testimoniales que presentaremos fueron obtenidos de mi teléfono celular», aclaró Vargas, quien dijo que se reservaba más testimonios y algunos nombres por recomendación de sus abogados.
En México existen dos grandes grupos de comunicación, Televisa y Telmex, que compiten por la preeminencia en los mercados de banda ancha y triple play (televisión, internet y teléfono) a los que se podría sumar MVS si conserva sus concesiones.
EFE
