Con el fin de justificar su decisión de establecer tarifas de interconexión para terminación de llamadas locales en redes móviles superiores a los costos incurridos por las empresas móviles en la prestación del servicio, la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) señaló que ésto va a permitir mantener el dinamismo que ha mostrado la telefonía celular e impedirán que sus usuarios se vean afectados con incrementos abruptos en las tarifas.
Este argumento de la agencia carece de sustento económico. Al respecto, resulta difícil sostener que podrían existir problemas de rentabilidad que pudieran afectar el dinamismo del mercado celular y que justificaran el establecimiento
de un subsidio en la tarifa de interconexión. Sobre todo cuando la principal empresa de telefonía móvil (Telcel) durante el 2005, tuvo ingresos que crecieron a una tasa de 28%, alcanzando 8,364 millones de pesos, además de una utilidad de operación que aumentó a una tasa de 34%, alcanzado los 3,775 millones de pesos.
Esta elevada rentabilidad de la telefonía celular se debe a que las tarifas de los servicios móviles en México son altas, lo cual puede observarse en un comparativo internacional de canastas de tarifas de telefonía celular en el 2006.
Adicionalmente, no existe información que soporte estadísticamente que el hecho de establecer subsidios a los celulares en la tarifa de interconexión contribuye a expandir la cobertura de la red móvil.
Por el contrario, los datos disponibles demuestran que la explosión en la cobertura móvil en el país es resultado de la introducción de los esquemas de pre-pago en 1997 y de la modalidad «El que llama paga» en 1998, a pesar de los
altos costos del servicio para los usuarios resultado de la elevada tarifa de interconexión.
Asimismo, no hay instrumentos legales en el marco regulatorio de las telecomunicaciones en México que puedan forzar a las empresas celulares a utilizar el subsidio incorporado a la tarifa de interconexión a expandir su red
y mantener tarifas bajas. Frente a ello, resulta injustificado el establecer un subsidio que se podría dedicar exclusivamente a mantener las elevadas ganancias de la telefonía celular.
Adicionalmente, suponiendo que Cofetel está preocupada en impedir que se presenten incrementos en las tarifas de los usuarios de telefonía móvil, sería más fácil eliminar la fijación de precios oligopólicos aumentando la competencia que se presenta en la provisión de servicios celulares.
Finalmente, asumiendo (sin conceder) que el incorporar un subsidio a la tarifa de interconexión impedirá aumentos en las tarifas, este es un mecanismo de subsidio no focalizado que va a beneficiar a todos los suscriptores de la red
móvil, independientemente de que su suscripción a la red dependa en forma sensible o no del mantenimiento de tarifas bajas.
Por lo tanto, gran parte del subsidio se filtraría hacia usuarios que no requieren del mismo, dando lugar a un beneficio-costo social nulo o negativo del subsidio una vez que se toman en cuenta las demás distorsiones generadas.
Al respecto, resulta preocupante que se ignore que establecer impuestos y distribuir subsidios de manera no focalizada utilizando los precios es anti-económico, ya que altera las decisiones de inversión y produce asignaciones de recursos socialmente ineficientes.
Por lo anterior, se puede afirmar que la decisión de la Cofetel en torno a la tarifa de interconexión de «El que llama paga» se basa en un análisis deficiente de la agencia que sólo logra proteger la rentabilidad extraordinaria de las compañías celulares.
Fuente: El Economista, Fernando Butler Silva, Presidente del Colegio Nacional de Economistas
