El Gobierno uruguayo revocó el permiso concedido a la empresa mexicana Claro para operar el sistema de televisión por satélite para abonados, informaron ayer fuentes oficiales.
El decreto con tal resolución fue firmado por el presidente uruguayo, José Mujica, y el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, el pasado viernes.
La decisión podría exponer al Estado uruguayo a un juicio millonario por daños y perjuicios por parte de la empresa.
La decisión del Gobierno se basa, según el decreto aprobado por el presidente, en una «grosera violación» de la reglamentación que regula el servicio de televisión para abonados.
Al explicar los motivos de la revocación del permiso se señala que la empresa Flimay (Claro) es una sociedad con acciones nominativas y su único accionista es Metrored Holdings, «cuyos accionistas se desconocen», se afirma en la resolución.
Al no haber identidad de los titulares o persona que figure como integrante de esa sociedad «se está incumpliendo con la legislación vigente», estimó el Gobierno.
Claro, que tenía autorización para explotar la televisión por satélite para abonados en Uruguay desde hace varios años, anunció recientemente su intención de comenzar con ellos lo que causó preocupación a las autoridades del país y también a los propietarios de los canales de televisión abierta que además tienen negocios en la televisión para abonados.
El gerente general de Claro Uruguay, Horacio Alvarellos, indicó que abogados de la empresa Telmex (propietaria de Claro) radicado en México analizará el texto de la resolución oficial frente a la posibilidad de encarar un reclamo judicial.
Uruguay tiene el segundo mayor porcentaje de teléfonos celulares en América Latina, con casi 147 celulares por cada 100 habitantes, solo superado por Panamá.
La empresa estatal Antel tiene el 47% del mercado, Movistar 37% y Claro 16%.
Las dos empresas privadas están interesadas en explotar la televisión por satélite para abonados en el país.
EFE
