Ante las exigencias financieras que se avecinan, las dos compañías apuestan por repartir gastos y generar las máximas eficiencias. De hecho, el desarrollo de la nueva súper banda ancha móvil requerirá desembolsos por partida doble: primero con la compra de las nuevas frecuencias de 700MHs, a través de la subasta que se celebrara en España en el primer trimestre de 2020. Y, después, con la puesta en servicio del nuevo espectro radioeléctrico en la mayor parte del país. Para cumplir con este último imperativo, las dos filiales han recibido mandatos de sus respectivos grupos para promover los acuerdos que abaraten la factura del futuro despliegue de 5G.
Antes de firmar el acuerdo de compartición de infraestructuras de este tipo, los protagonistas requieren el visto bueno expreso del regulador es decir, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC.
Las peculiaridades de la telefonía 5G exigen un alto número de emplazamientos, especialmente con rangos altos de frecuencias. Estas condicionantes técnicas pueden suponen un esfuerzo inversor especialmente relevante en cuanto a la instalación de estaciones base (antenas de telefonía). En muchos casos se pueden aprovechar los emplazamientos de 3G y 4G, pero también se requerirá la puesta en servicio de decenas de miles de sites en semáforos, faroles o mobiliario urbano.
Telefónica podría ver con buenos ojos cualquier posibilidad de compartir emplazamientos que no sean críticos, aunque por ahora no han sido invitados a la alianza en ciernes. Asimismo, MásMóvil procurará buscar pactos parecidos para llevar los servicios 5G en todo el país con la mayor economía de costos, según apuntan fuentes consultadas.