El gigante informático Intel aseguró hoy, al inicio de la vista del recurso contra la multa de 1,060 millones de euros (unos 1,336 millones de dólares) que la Comisión Europea le impuso en 2009, que Bruselas no reunió las evidencias suficientes para probar que abusaba de su posición de dominio en el mercado de los procesadores.
«La CE debe probar su caso con pruebas firmes, precisas y consistentes», indicó en la sala del juicio el abogado de Intel Nicholas Green, que consideró que la Comisión cometió fallos de procedimiento «que minan» su decisión.
La Comisión decidió en mayo de 2009 sancionar a Intel por intentar excluir a los competidores del mercado de circuitos integrados informáticos denominados procesadores de arquitectura ‘x86’, y le impuso la mayor multa hasta la fecha centrada en una sola empresa por prácticas anticompetitivas.
El Tribunal General de la UE celebra desde hoy y hasta el próximo viernes las vistas del caso, que la CE abrió, tras una denuncia de un competidor de Intel, Advanced Micro Devices (AMD).
Según la CE, de octubre de 2002 a diciembre de 2007, Intel aprovechó su posición dominante para conceder a fabricantes de computadoras como Acer, HP, Dell, NEC, Lenovo o MHS importantes descuentos supeditados a que le compraran la totalidad o casi la totalidad de los suministros de CPU (Unidades Centrales de Proceso) de arquitectura x86 que necesitaran.
También mantuvo que Intel pagó a distribuidores para que vendieran exclusivamente computadoras personales con sus procesadores.
Para la CE, esos descuentos y pagos de Intel redujeron la oferta de productos alternativos para el consumidor, algo que el abogado de la compañía rechazó al considerar que la Comisión comete un «error al relacionar las creencias subjetivas de los clientes» y dar por hecho que no era necesario «probar los efectos reales o potenciales» del supuesto comportamiento anticompetitivo de Intel.
En opinión de Green, no se puede deducir de las «reacciones subjetivas» de los clientes que Intel haya incurrido en una falta ni que fuera consciente de ello.
Precisó que, aunque la empresa ofreciera descuentos, no se prueba cómo afectaron a la competencia, y recordó que los reembolsos, en el caso de las computadoras de escritorio, afectaban al 30% de los procesadores que vendía, cuando la CE asegura que la firma pedía a cambio la compra en exclusiva de hasta el 95% de las CPU que los fabricantes necesitaran.
Para la Comisión, en cambio, el factor decisivo a la hora de determinar la multa es la «naturaleza» de la infracción y no sus efectos, tal como deduce de una sentencia previa sobre British Airways, en la que el Tribunal General asumió que los descuentos, por su propia naturaleza, dañan la competencia, por lo que no vio necesario probar en ese caso sus efectos.
El abogado de la CE Nicholas Khan destacó que, en el periodo señalado, Intel necesitaba «cada vez más comprar la lealtad de sus clientes» porque, entonces, su dominio era «más un legado de incumbencia que una manifestación de supremacía técnica».
Según otro jurista de la Comisión, Manuel Kellerbauer, los clientes de Intel temían perder esos descuentos y asumir importantes pérdidas financieras.
Una vez concluidas las vistas, los jueces deliberarán varios meses antes de emitir su sentencia, que aún podrá ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE, la máxima instancia judicial comunitaria.
EFE
