La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) pidió ayer al Legislativo una «reforma integral del régimen legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión» para acabar con «la discrecionalidad y el uso faccioso» de las leyes actuales.
«Ya es hora de que las telecomunicaciones funcionen para todos y no solamente como recurso de negocios o instrumento político de unos cuantos», sostuvieron en un mensaje la presidenta de la Amedi, Aleida Calleja, y el coordinador de su Consejo Consultivo, Alberto Aziz Nassif.
El presidente de la cadena MVS, Joaquín Vargas, presentó hace dos días pruebas de supuestas presiones desde el Ejecutivo mexicano para despedir a la periodista Carmen Aristegui en febrero de 2011 a cambio de destrabar la negociación para prorrogarle a su empresa la concesión de la banda de 2.5 gigahercios.
Aristegui había emitido un comentario en su programa matutino sobre el presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón, tras el cual su oficina pidió a Vargas una disculpa pública de la periodista, quien se negó a ello.
El Gobierno, que el 8 de agosto anunció que recuperaría la banda de 2.5 gigahertz, rechazó haber presionado «directa o indirectamente» a MVS para que echara a la periodista y dijo que aquella decisión fue de la empresa, que la recontrató unos días después.
Exigir una disculpa pública de Aristegui «como condición para la prórroga de las concesiones (de MVS) constituye una forma de extorsión que resulta inaceptable», indicó la Amedi.
«La utilización de la banda de 2.5 gigahertz como recurso para amagar a un medio de comunicación confirma el empleo faccioso que el Gobierno del presidente Felipe Calderón ha hecho del espectro radioeléctrico», agregó.
La organización llamó al Legislativo a asumir su responsabilidad y establecer cuanto antes las condiciones para una reforma integral acorde con sentencias del Supremo mexicano, demandando una mayor competencia en el sector y de «los estándares internacionales en la materia».
La Amedi sostuvo también que en la negociación para prorrogar la concesión a MVS «el Gobierno federal no estableció parámetros claros para calcular el precio de la banda» en litigio, y que los mexicanos no saben «con certeza cuáles fueron los criterios para establecer el monto de la contraprestación establecida».
El Gobierno pidió a MVS 27,000 millones de pesos por la utilización de la banda, mientras que la firma ofreció 11,164 millones de pesos con base en sus estimaciones a partir de los precios de licitaciones en otros países.
El nuevo Congreso mexicano, en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá la mayoría tras su triunfo en los comicios del 1 de julio pasado, comenzará a trabajar el próximo 1 de septiembre.
EFE
