AT&T alzó hoy al voz frente al Congreso de Estados Unidos para que se elabore una regulación que proteja la neutralidad de la red, la cual garantiza a internet como un servicio público y que fue abolida a final de 2017.
El gigante de las telecomunicaciones solicita que se haga una propuesta de derechos de internet que garantice la suprimida neutralidad de la red.
‘Se necesita la acción del Congreso para establecer una propuesta de derechos de internet que se aplique a todas las compañías de la red y garantice la neutralidad, transparencia, acceso, la no discriminación y la protección de la privacidad para todos los usuarios de internet’, afirmó Randall Stephenson, CEO de la compañía.
Sin embargo, la petición de la empresa contrasta con la oposición que había mantenido a la regulación que garantizaba esa neutralidad y que fue aprobada en 2015 bajo el Gobierno de Barack Obama.
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El pasado 14 de diciembre, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) hizo valer la mayoría republicana en ese organismo para suprimir esa regulación previa.
Este movimiento de abolición del principio que garantizaba el acceso en igualdad de condiciones a una internet abierta conlleva que las empresas proveedoras del servicio puedan bloquear páginas web, sin importar cual sea el contenido, con el único requisito de hacerlo público, y favorecer a unas frente a otras, lo que podría suponer una revolución del modelo de negocio.
El acceso a medios de comunicación, plataformas de video como Netflix o simplemente webs de ideologías opuestas podría ser bloqueado o ralentizado tras la aprobación de la nueva norma.
La reacción de AT&T se enmarca en un contexto en el que el estado de Montana elaboró una regulación para imponer la neutralidad, 22 estados han demandado a la FCC y pedido el restablecimiento de la norma previa y los demócratas en el Senado forzarán un voto en la cámara con el mismo objetivo -aunque parece improbable que supere la holgada mayoría conservadora en la Cámara de Representantes-.
La oposición demócrata, numerosas fiscalías generales estatales, asociaciones defensoras de los derechos civiles, empresas proveedoras de contenido en la red y hasta algunas voces republicanas conforman el grupo de aquellos que se oponen a la nueva norma, bautizada por los conservadores como ‘la restauración de la libertad de internet’.
EFE
