Por Ernesto Piedras y Diana Fernández del Campo, The CIU
Es posible decir hoy día que Habemus iniciativa de Reforma para las Telecomunicaciones, porque precisamente en un ejercicio de similar secrecía y hasta oscurantismo como el Conclave Papal (a diferencia de las ya acostumbradas en el mundo consultas públicas), finalmente fue presentada el lunes pasado.
Así, tenemos ya la propuesta para modificar el marco legal y de aplicación regulatoria para el sector convergente de las telecomunicaciones y radiodifusión en México. Si nos preguntamos si representa en lo general un avance, el saldo es que sí. Partiendo del concepto económico del “óptimo de Pareto”, situación que alcanza el máximo bienestar posible de todos los competidores y donde ningún individuo puede estar mejor sin perjudicar a otro, podemos pensar en las telecomunicaciones mexicanas como un “pésimo de Pareto”, donde casi cualquier disposición o acción regulatoria podría beneficiar la operación sistémica del sector.
No debemos olvidar que en el centro de la atención debe estar siempre el consumidor, que en el agregado constituye el objetivo de la maximización del bienestar social de los mexicanos. Derivado de ello, el eje central de la reforma es la promoción de la competencia efectiva al interior de la industria, ya que sólo derivado de ello será posible alcanzar una mejora real y sostenida en términos de cobertura, calidad y precio que la población merece. Asimismo, mediante la reforma al artículo 6° constitucional, se buscará elevar a derecho fundamental el acceso a estos servicios, especialmente la banda ancha, que ha probado ser un servicio fundamental en el fomento al desarrollo social y económico de las naciones.
Entre las medidas que se promueven para mejorar las condiciones de competencia en el mercado se encuentra, por ejemplo, la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que al tener autonomía de decisión en cuanto a disposiciones, presupuesto y organización interna, se consolida como un primer paso en la eliminación de la “doble ventanilla”, convirtiéndose también en la autoridad en materia de competencia económica para cuestiones del sector. Otra vez amerita plantearse la pregunta si esto es necesario, en contraste con la alternativa de fortalecer al actual órgano regulador, la Cofetel, con la misma transferencia de músculo institucional y atribuciones desde la SCT y de la Cofeco, que resultaría en un órgano de similar efectividad en la aplicación regulatoria. pero no, se optó, por parir un nuevo corpus institucional en el IFETEL.
Asimismo, la reingeniería institucional dispone crear tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, se declara que las disposiciones del IFT sólo podrán ser impugnadas mediante el amparo indirecto y no podrán estar sujetas a la suspensión, todo ello con el objetivo de reducir la elevada “litigiosidad” que ha vivido el sector.
Es importante mencionar que los elementos que integran esta Reforma, si bien sientan un precedente sin igual para las telecomunicaciones, consolidando un avance importante en términos de regulación, también deben ser susceptibles de revisión, y en caso de ser necesario, modificación.
Al igual que el sector avanza a las velocidades del progreso tecnológico, esta iniciativa de Reforma, si bien determina los pasos a seguir, también debe consolidarse como un principio para la evolución de un proceso continuo y permanente de mejora al interior de la industria.
Es decir que con todo, luce como un avance en el marco regulatorio, pero aun susceptible de precisiones antes de su puesta en operación. Ahí no debe volver a ser un ejercicio del tipo de conclave, sino participativo y ágil por parte del conjunto de la sociedad.
