Apple, Meta, Google, Amazon, Alphabet, ByteDance, Microsoft y Samsung informaron a la Comisión Europea que ya cumplen con los requisitos establecidos en la ley de mercados digitales, una nueva normativa antimonopolio aprobada el año pasado por la Unión Europea para regular el poder de las principales plataformas.
Según el Ejecutivo comunitario, estas siete empresas comunicaron que poseen una facturación en Europa de al menos 7,500 millones de euros en los últimos tres años, o un valor de mercado de 75,000 millones en el último ejercicio, y que operan en al menos tres países de la UE. Además, afirmaron tener 45 millones de usuarios activos y más de 10,000 usuarios empresariales al año.
La Comisión Europea ahora deberá verificar esta información antes del 6 de septiembre para determinar si estas empresas realmente tienen un gran poder de mercado y deben cumplir con la normativa.
Cuando la Comisión designe a estas empresas como grandes compañías, tendrán seis meses para cumplir con la ley, que tiene como objetivo limitar su poder de mercado. La normativa busca restringir la cantidad de datos personales que pueden recopilar de los usuarios, regular las búsquedas en Internet y las tiendas de aplicaciones móviles.
Según la nueva norma, a estas empresas se les prohíbe combinar los datos personales obtenidos a través de sus diversos servicios. Por ejemplo, Meta no podrá compartir información entre Facebook y WhatsApp. Además, no podrán obligar a los usuarios a tener instaladas en sus dispositivos las aplicaciones móviles de la compañía y los clientes podrán adquirir aplicaciones a través de tiendas de la competencia.
Los gigantes de Internet tampoco podrán favorecer sus propios productos en los motores de búsqueda, y los servicios de mensajería de las grandes plataformas deberán ser compatibles con los de las empresas más pequeñas.
Esta ley de mercados digitales cambia la lógica de las normas antimonopolio que han estado vigentes hasta ahora en la Unión Europea, ya que las empresas deberán cumplir con los requisitos de antemano, sin tener que esperar a que la Comisión inicie una investigación, que suele durar años, para determinar si respetan la libre competencia.
En caso de incumplimiento de la normativa, la Comisión tendrá la facultad de imponer multas de hasta el 20% de la facturación mundial de las empresas y, en última instancia, incluso forzar una reestructuración de las mismas.
