Casi 30 millones de usuarios de telefonía móvil en México podrían quedarse sin celular por el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM) que exige compartir los datos biométricos con los proveedores y el Gobierno, estimaron especialistas.
‘Nuestros cálculos es que alrededor de unos 20 o 30 millones de mexicanos pueden quedar desconectados por esta iniciativa’, indicó Jorge Fernando Negrete, presidente de la firma Digital Policy & Law Group.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, promulgada el 17 de abril, crea el padrón con el número de línea, fecha de activación, nombre del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y sus datos biométricos, como la huella digital y el iris.
Los concesionarios y el Gobierno dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, han defendido el padrón con el argumento de que combatirá las extorsiones y al crimen organizado.
Pero la reforma está suspendida de forma indefinida desde el 27 de abril por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que considera que la norma viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos.
Además, el padrón agravaría el problema de 40 millones de personas sin acceso a las tecnologías de la información, en un país donde el 70% de las líneas son de prepago, argumentó Negrete.
‘Lo único que está estimulando esta iniciativa es que exista un mercado negro de contenedores con toneladas de (tarjetas) sims que van a llegar acá a acelerar el proceso de transformación digital de la delincuencia organizada’, aseguró el experto.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el 27 de abril que presentará una acción de inconstitucionalidad contra el padrón ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
María Elena Morena, presidenta de Causa en Común, aseveró que solo 17 países de corte ‘autoritario’, como Venezuela, China, Nigeria y Paquistán, exigen los biométricos a los usuarios.
‘Un padrón con estas características puede ser una catástrofe, especialmente para los más pobres, además es solo propio de dictaduras’, manifestó.
La activista de seguridad calificó de absurda la justificación de combate al crimen organizado por el riesgo de mal uso, descuido o corrupción de las empresas o del Gobierno.
En ese coincidió Max Kaiser, presidente de la comisión anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
‘Nuestro miedo está plenamente justificado, es decir, por todos estos elementos de contexto, del momento político que vivimos, nuestro miedo a que esta medida legislativa que pretende invadir la esfera de privacidad de las personas es una medida peligrosa’, señaló.
