Entre 2015 y 2018 México ha sido el país de América Latina que más ha avanzado en asignación de espectro radioeléctrico para servicios móviles. El próximo gran reto será asignación de bloques de espectro en 600 MHz.
Por lo tanto, el país ha pasado de estar en la 15º posición, con apenas 243 MHz en asignación de espectro radioeléctrico para servicios móviles, a ocupar el segundo lugar, con 584.3 MHz.
En opinión de 5G Americas, los próximos años serán cruciales para el futuro desarrollo de 5G, por lo que la identificación y subsiguiente asignación de frecuencias en bandas medias y altas debe ser prioridad para las autoridades del país.
El pasado 6 de agosto de 2017, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México subastó exitosamente 120 MHz de espectro en la banda de 2.5 GHz, divididos en 80 MHz para servicios FDD (utilizados primordialmente para ofrecer servicios móviles) y 40 MHz para servicios TDD (utilizados primordialmente para ofrecer servicios fijos).
Los resultados de esta subasta ubican a México superando los 580 MHz en espectro asignado a los operadores, ubicándose como el segundo país en este rubro, sólo por debajo de Brasil.
Sin embargo, México se posiciona con mayor cantidad de espectro asignado limpio y listo para beneficiar a los consumidores, debido a los retrasos en la limpieza de las frecuencias de 700 MHz espectro radioeléctrico que se han dado en el país sudamericano.
‘Aunque estamos contentos por los grandes avances logrados por México, nos preocupa el hecho de que el costo total que recaudará el estado por 120 MHz por 20 años de la licencia supera a valor presente los 1,120 millones de dólares (0.083 MHz/POP)’, en opinión de José F. Otero, Director para América y el Caribe de 5G Americas.
‘A valor corriente, la recaudación será de 2,440 millones de dólares por 20 años, cifra mayor a la de la mayoría de asignaciones de esta banda en procesos efectuados en Europa y América Latina, según datos de la consultora Telconomia. Las telecomunicaciones tienen que comenzar a verse como una herramienta para el desarrollo, y a través del dialogo entre todos los actores debe buscarse la forma de potenciar su impacto en la economía. Verlas desde una perspectiva puramente recaudatoria puede, a largo plazo, ser contraproducente‘, indicó Otero.
La administración de los activos del Estado para maximizar el beneficio de los ciudadanos es una de las principales responsabilidades de los funcionarios públicos. En el sector de telecomunicaciones, esto se traduce en la implementación de políticas públicas que fomenten la expansión en cobertura poblacional de las distintas redes de telecomunicaciones y la aprobación de medidas que aceleren la innovación tecnológica en el país.
