Uber y Lyft rechazaron el martes las protecciones laborales que llevaban décadas en proceso, lo que permitió a las empresas seguir compensando a sus conductores como contratistas independientes.
Si bien la Proposición 22 requiere que estos servicios de transporte basados en las aplicaciones ofrezcan algunos beneficios nuevos y modestos para los conductores, los protege de tener que proporcionar beneficios mucho más costosos que los empleados de tiempo completo.
La medida lideraba del 58% al 42% con el con el 71% de los votos contados.
‘Esto hace que los más de 200 millones de dólares que ellos y sus partidarios gastaron en la campaña de medidas electorales, un récord para el estado más poblado, valgan cada centavo’, según William Gould, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford.
‘200 millones o más, es mucho más barato desde su perspectiva, que pagarle a los empleados estos beneficios que la legislatura ha establecido para ellos’, dijo Gould, expresidente de la Junta Nacional de Relaciones Laborales bajo la presidencia de Bill Clinton.
Las acciones de Lyft y Uber subieron más de un 10% en las operaciones previas al mercado el miércoles. Los títulos de Lyft avanzaron un 16%, mientras que las acciones de Uber subieron un 13%.
De ninguna manera la votación del martes es una panacea global para la industria de los viajes compartidos, que ha sido devastada por la pandemia del coronavirus. Uber y Lyft continuarán enfrentando desafíos judiciales en su modelo laboral en otras partes de Estados Unidos y en el extranjero.
Se espera que el tribunal más alto del Reino Unido emita una decisión final antes de fin de año en la lucha de cinco años de Uber para evitar que sus conductores sean reclasificados como empleados.
Para Uber y Lyft, la Proposición 22 también equivale a una aprobación de las decisiones históricas de la Corte Suprema de California que se remontan en 1989 y que definen quién es un empleado en lo que se considera un estado a amigable para los empleados.
‘Es impactante, es tan extraño, que este derecho básico pueda ser presentado a los votantes en una elección en la que los bolsillos profundos pueden influir en algo tan importante para la gente’, dijo la abogada Shannon Liss-Riordan, quien ha sido el adversario más tenaz de las empresas de transporte compartido en docenas de demandas en California que presentó a nombre de los conductores durante siete años en busca de beneficios que incluyen un salario mínimo, un pago por enfermedad y una indemnización laboral.
La iniciativa no incluye un mecanismo de aplicación para que los reguladores o los conductores individuales persigan a las empresas que eluden sus obligaciones, dijeron expertos legales.
A algunos expertos legales les preocupa que la iniciativa pueda servir como modelo para otras empresas que buscan una forma de evitar el pago a los beneficios de los empleados, lo que a su vez amenaza con privar al tesoro público de ingresos por concepto de nómina e impuesto sobre la renta.
El Instituto de Política Fiscal estima que la clasificación errónea de los trabajadores le cuesta a California 7,000 millones de dólares en ingresos anuales.
‘Esto ha cambiado el sistema de propuestas. Estas empresas son los nuevos ladrones y están utilizando el sistema para establecer un estado de privilegio para sí mismos’, dijo Gould.
