El Gobierno de China utiliza tecnologías de reconocimiento facial o de análisis de datos para vigilar y seguir a los habitantes de la conflictiva región de Xinjiang, según un informe publicado hoy por Human Rights Watch (HRW).
Así, el gigante asiático hace un seguimiento de cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos de Xinjiang, desde su grupo sanguíneo hasta su estatura, desde su entorno religioso hasta su afiliación política.
La Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas (IJOP) rastrea a todos los residentes de Xinjiang y controla sus movimientos mediante el rastreo de sus teléfonos, vehículos y tarjetas de identificación.
El informe cita que ‘las autoridades chinas están utilizando una aplicación móvil para la vigilancia masiva ilegal y la detención arbitraria de musulmanes en la región’ donde se encuentran asentadas las minorías chinas adeptas a dicha religión, entre ellas los uigures.
El sistema es capaz de identificar 36 perfiles de personas para la recolección de datos. Entre ellos se incluyen individuos que hayan dejado de usar teléfonos inteligentes, aquellos que no ‘socializan con los vecinos’ y los que ‘recogieron dinero o materiales para mezquitas’.
Una vez examinados los datos, la aplicación selecciona a aquellas personas de las que desconfía y las somete a un escrutinio adicional.
Diversas organizaciones llevan meses denunciando que, en esta zona, en torno a un millón de musulmanes se encuentran recluidos en campos de internamiento a los que llegan después de ser detenidos por el Gobierno chino, que ha construido ‘un sistema de vigilancia extenso y avanzado para el control de la población’.
‘Nuestra investigación muestra, por primera vez, que la policía de Xinjiang está utilizando información recopilada de manera ilegal sobre el comportamiento perfectamente legal de las personas, y la está utilizando en su contra’, informa Maya Wang, investigadora sobre China de HRW.
Entre enero de 2018 y febrero de 2019, HRW pudo ejecutar la ingeniería inversa de una aplicación móvil que utilizan los funcionarios para conectarse a la IJOP, el programa policial de Xinjiang que agrega información sobre las personas a una base de datos e identifica a las que considera una amenaza.
Al examinar el diseño de la aplicación, que en ese momento estaba disponible públicamente, HRW reveló de manera específica los tipos de comportamientos y personas a los que apunta este sistema de vigilancia masiva.
Además, las autoridades han programado la aplicación de la IJOP de manera que trata muchas actividades legales y ordinarias como indicadores de comportamiento sospechoso.
Por ejemplo, el sistema detecta cuando el propietario registrado de un automóvil no es la misma persona que la que está poniendo gasolina y alerta a funcionarios gubernamentales cercanos para que abran una investigación, registren las razones de la disparidad y decidan si este caso parece sospechoso y requiere una investigación más exhaustiva.
Tras la publicación de sus descubrimientos, HRW exigió al gobierno chino que cierre inmediatamente la plataforma IJOP y que elimine todos los datos que ha reunido, y pidió a los gobiernos extranjeros ‘preocupados por la situación’ que impongan sanciones a China.
‘Los países miembros de las Naciones Unidas deberían presionar para que se envíe una misión internacional de investigación a fin de que evalúe la situación en Xinjiang e informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU’, apunta la ONG.
El pasado mes de marzo, el Gobierno chino afirmó haber detenido a 12,995 terroristas desde 2014 en la zona, desarticulado 1,588 ‘grupos violentos y terroristas’ e incautado 2,052 artefactos explosivos.
‘Estadísticas incompletas muestran que, desde 1990 hasta el final de 2016, las fuerzas separatistas, terroristas y extremistas han lanzado miles de ataques terroristas en Xinjiang, matando a un alto número de personas inocentes y a cientos de agentes de la Policía, causando también daños incalculables’, añadió el Ejecutivo chino.
