Como es bien conocido por todas las empresas en la actualidad, la conectividad y la banda ancha son esenciales para tener éxito. Pero, ¿se ha detenido a pensar alguna vez en el impacto económico que tienen?
Según datos de la Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital de Naciones Unidas y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un aumento del 10% en la penetración de la banda ancha dentro de un país genera un crecimiento del 1.3% en el producto interno bruto (PIB). Es difícil imaginar una inversión similar que tenga el potencial de influir positivamente sobre una economía en forma semejante.
Aunque sabemos que son muchos los beneficios para una sociedad conectada, un reciente informe de las Naciones Unidas reveló que aún hay alrededor de 4.2 mil millones de personas, cerca del 57% de la población total, que no tienen acceso a Internet.
La falta de acceso a la banda ancha limita el desarrollo de nuevas aptitudes, servicios y crecimiento y, al mismo tiempo, refuerza la importancia de las políticas públicas que buscan cerrar la brecha de conectividad mediante el aumento del acceso a Internet tanto de comunidades urbanas, como de las rurales y remotas.
Los argumentos a favor de un mayor acceso a la banda ancha están claros, pero lograrlo puede llegar a ser un verdadero reto. Los países tienen que respaldar un modelo empresarial de banda ancha para todos, que involucre a todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos, las empresas privadas y el público en general.
En los países emergentes como México, la inversión pública y privada en el sector de las telecomunicaciones ha sido históricamente baja. De hecho, la suma acumulada de México en inversión pública per cápita para telecomunicaciones entre los años 2000 y 2009 ascendió a 346 millones de dólares, en comparación con el promedio de 1.4 mil millones de dólares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que sitúa al país en el último lugar de los 34 países integrantes de la OCDE.
Como resultado, México ha observado una pobre penetración en el mercado de telefonía fija, móvil y de banda ancha, y como consecuencia, sólo uno de cada cuatro mexicanos tiene acceso a Internet.
Los gobiernos nacionales juegan un papel primordial para impulsar el acceso a la banda ancha. Ellos pueden asegurar que las regulaciones en materia de telecomunicaciones, así como las políticas fiscales no solo favorezcan la tecnología, sino que también promuevan una adopción generalizada de servicios de banda ancha e impulsen la competencia en el mercado.
Entonces, como parte de un esfuerzo local para reducir la brecha existente e impulsar la adopción de la tecnología, el Congreso mexicano aprobó la iniciativa de Reforma de las Telecomunicaciones en 2013, sobre tres principios fundamentales: el derecho al libre acceso a la información, una mejor calidad del servicio y precios accesibles para todos los usuarios. Uno de los principales objetivos de la reforma es garantizar que al menos el 70% de los hogares y el 85% de las micro,
pequeñas y medianas empresas, tengan Internet de alta velocidad a precios competitivos a nivel internacional.
La responsabilidad de asegurar que se cuente con la infraestructura correcta para posibilitarlo no debe recaer solamente sobre el gobierno. Las instituciones privadas, incluyendo a los proveedores de servicios, entre otros, también deben asumir parte de dicha responsabilidad.
La buena noticia es que proveedores de servicio en México, tanto públicos como privados, se están esforzando por ponerse al día con el resto de los países de la OCDE mediante la inversión para implementar y expandir las redes.
Según IDC, se esperaba que la inversión en los servicios de telecomunicaciones, los centros de datos y los proveedores de Internet de México alcanzara los 9.6 mil millones de dólares en 2015, un aumento del 14% en comparación con el 2014.
Según el último informe de la CEPAL, el país aun sigue enfrentando algunos de los precios más altos para Internet de pospago en la región, lo que ha frenado la adopción de nuevos servicios. El público también necesita estar mejor informado sobre los beneficios de la banda ancha, y comenzar a ver el costo incremental del acceso a la alta velocidad como una pequeña inversión necesaria para lograr ahorros.
En muchos casos, la banda ancha puede pagarse por sí misma a través de otros ahorros para el consumidor, como la difusión más eficaz de la información, cadenas de suministros de respuesta más rápida, aumento de la capacidad de trabajar a distancia, así como productos más baratos ofrecidos por las tiendas en línea.
Y para el público, el ahorro de los costos es sólo uno de los beneficios, ya que hay muchas ventajas que podrán no tener un impacto económico directo, pero que mejoran el nivel de vida de las personas y su vida social y, además, les ahorran tiempo.
A medida que la reforma de las telecomunicaciones facilita el aumento del acceso a la banda ancha y sigue creciendo la demanda de contenidos por parte de los usuarios actuales de Internet, los proveedores de servicios tendrán que escalar económicamente la capacidad de sus redes a un ritmo rápido en un mercado cada vez más competitivo, para respaldar satisfactoriamente las demandas de los usuarios finales, y ayudar a cumplir con la promesa económica de la banda ancha.
Lo cierto es que el valor de la banda ancha no está limitado a la velocidad de los datos, sino más bien se trata de las aplicaciones compatibles con una banda ancha de alta calidad, tales como el rápido acceso a los registros de salud, el aprendizaje a distancia o el comercio electrónico. La lista es interminable y abarca todos los tipos imaginables de usuarios, y depende de que se cuente con la infraestructura adecuada.
Los proveedores de servicio tienen la oportunidad de transformar sus redes en activos más estratégicos que pueden ofrecer nuevos servicios para proporcionar la posibilidad de que el gobierno, las empresas privadas y el público en general se unan y mejoren el acceso a la banda ancha para impulsar el crecimiento económico.
El valor de una banda ancha de calidad es imprescindible para una economía moderna, y debemos esperar que, cuando se brinden los recursos necesarios, se traduzca en negocios más competitivos y mayor prosperidad para nuestras comunidades.
Por Fabio Medina, Vicepresidente y Gerente General para América Central y del Sur en Ciena
