El Gobierno mexicano debe invertir unos 40,000 millones de pesos (unos 3,076 millones de dólares) en infraestructura de telecomunicaciones para impulsar la competencia y la inversión de operadores, dijo hoy la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
El presidente de Cofetel, Mony de Swaan, indicó que la política en este sector debe garantizar la mayor cobertura de todos los servicios y más baratos, lo que se logra principalmente por medio una mayor infraestructura para bajar los costos.
De Swaan explicó a corresponsales extranjeros que del total de 40,000 millones de pesos, unos 10,000 millones (769 millones de dólares) deben destinarse a la ampliación de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que abarate el acceso a la red a todas las operadoras.
Señaló que en Brasil el solo anuncio de la empresa estatal Telebras sobre la extensión de su red hacia 100 nuevos puntos logró que en un año los precios por el servicio de transmisión de datos bajara en un 54%.
Esta «amenaza» de ampliar la red obligó a las compañías de telecomunicaciones a invertir y reducir sus precios.
Otros 12,000 millones de pesos (unos 923 millones de dólares), dijo, deben invertirse en la red de la Coordinación para la Información y el Conocimiento, que enlaza a todas las universidades, instituciones educativas en todo el país.
El resto de la inversión estatal está vinculado con los costos para la transición de la televisión analógica hacia la digital terrestre, en particular con los subsidios para el uso de decodificadores y otras tecnologías, y la reorganización y uso eficiente de las bandas de los 700 y 600 megahercios.
El regulador de las telecomunicaciones precisó que estas inversiones públicas deberán estar acompañadas de mayor flujo de recursos de empresas privadas para el desarrollo de sus redes y bases de transmisión, entre otras.
De Swaan indicó que estas son algunos de los temas de la agenda de telecomunicaciones, sin citar los relacionados con la regulación, que son los más controvertidos y que generan mayores aplazamientos debido al carácter litigioso de este sector, donde cualquier decisión provoca una reacción legal.
Entre las tareas pendientes, mencionó el reforzamiento de las capacidades y atribuciones a la Cofetel, así como la reforma a la Ley de Amparo para evitar que cualquier juicio frene la aplicación de las medidas.
En este sentido, se pronunció a favor de adoptar un esquema similar al de Europa, donde las decisiones de las autoridades regulatorias «son recurribles, pero no suspendibles» mientras un juez toma una decisión.
Estimó necesario definir el papel que juegan las telecomunicaciones en el país y establecer las prioridades del sector y construir consensos en torno a ellas.
Por ejemplo, en Brasil todos tienen claro que el objetivo es lograr la cobertura total y todos los temas intermedios de regulación se subordinan, señaló.
EFE
