El Senado mexicano abrirá este viernes un periodo extraordinario de sesiones para discutir una polémica legislación secundaria de la reforma en telecomunicaciones promulgada en 2013.
La Comisión Permanente, que cumple algunas funciones del Congreso durante los recesos, convocó al periodo extraordinario para discutir el dictamen para expedir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Durante la discusión en la Permanente, el diputado Ricardo Astudillo, del Partido Verde Ecologista Mexicano, se pronunció en favor del periodo extraordinario al asegurar que con las leyes secundarias se buscará mejorar el sector de las telecomunicaciones y ofrecer a los usuarios mejores tarifas y servicios.
Por su parte, el diputado del izquierdista Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, se expresó en contra al considerar que el proyecto no está orientado a generar competencia en el sector, sino su reparto.
Al manifestar la postura del también izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), el senador Alejandro Encinas criticó la aprobación del dictamen esta madrugada en las comisiones de la Cámara alta.
Con todo, destacó la decisión de su grupo parlamentario de avalar el periodo extraordinario, ya que permitirá debatir de cara a la sociedad las modificaciones en el sector de telecomunicaciones.
El acuerdo de la Permanente establece que el periodo extraordinario terminará cuando haya concluido la revisión del dictamen.
Una vez discutido, y en su caso aprobado, pasará a la Cámara baja, que también tendrá que pedir, muy posiblemente el próximo lunes, que se convoque a un extraordinario en ese órgano, dijo Héctor Gutiérrez, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En tanto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, exhortó al Congreso a aprobar las leyes secundarias, ya que su retraso ha generado dudas entre los inversionistas que desean participar.
Al participar en un foro legislativo sobre infraestructura, señaló que el retraso también ha provocado que se difiera la licitación para tener dos canales nacionales de televisión abierta adicionales.
Aseguró que nadie cuestiona el fondo de las leyes reglamentarias -mayor competencia, más calidad y cobertura y precios más bajos-, y que lo que ha frenado su aprobación es la definición de preponderancia sectorial o por servicio, cuando ese término ya está claro desde la reforma constitucional del año pasado.
La Constitución define que es preponderancia por sector. No estamos a favor de uno o de otro, tenemos que seguir el mandato constitucional, destacó al aludir a la defensa de sectores de la izquierda y del conservador Partido Acción Nacional (PAN) de que ese concepto sea aplicado por servicio.
Los críticos sostienen que definir la preponderancia por sector y no por servicio terminará beneficiando al grupo Televisa, ya que podrá seguir extendiendo sus negocios en televisión de paga.
Y es que Televisa ya fue declarada en marzo pasado empresa preponderante en el sector de radiodifusión, que incluye radio y sólo televisión abierta, mientras que América Móvil en el de telecomunicaciones (televisión restringida, Internet y telefonía móvil y fija).
Según la Constitución, una empresa preponderante es aquella que tiene una participación en el mercado nacional superior al 50% en determinado sector.
La reforma aprobada en 2013 busca mejorar la competencia y el acceso a servicios clave de telecomunicaciones, pero principalmente limitar el poder de los operadores preponderantes, algo que algunos expertos no creen vaya a suceder con el actual proyecto de leyes reglamentarias.
EFE
