En materia de seguridad pública, las estadísticas no sólo tendrían que utilizarse para registrar tragedias, fallas incomprensibles o riesgos latentes –víctimas, bienes destruidos, montos robados, delincuentes capturados, zonas de alta incidencia criminal (lugares donde se vende droga, por ejemplo)–, entre otras situaciones que lastiman a la sociedad.
El simple registro de incidentes contribuye a identificar amenazas, pero no siempre se aprovecha para una acción aún más crucial: construir estrategias que desalienten o impidan un acto criminal.
Al conformarse con una lista de percances, una comunidad, aunque mejor informada sobre los peligros que encara, no necesariamente está incrementando sus niveles de protección.
La historia reciente nos brinda un ejemplo de lo anterior –un hecho terrible que, en incontables formas, cambió diversos aspectos de la vida actual.
Como lo han revelado pesquisas oficiales e investigaciones periodísticas, antes de los ataques terroristas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, diversas agencias del gobierno estadounidense, a partir de reportes de inteligencia, tenían indicios de que un grupo terrorista preparaba una ofensiva en el territorio del país.
Aunque enteradas de la amenaza, dichas instancias no compartieron información entre sí, no cruzaron datos, no usaron sus piezas de inteligencia para proyectar posibles escenarios, entre otras medidas que podrían haber evitado –o reducido– el trágico saldo (casi 3,000 muertos y 6,000 heridos).
En nuestros días, en donde la digitalización de las actividades de todos los sectores –incluyendo al gobierno y sus cuerpos de seguridad pública– nos permite tener una visión puntual del entorno, la analítica avanzada puede ser un aliado fundamental para proteger la integridad de los ciudadanos y consolidar comunidades en las que la aplicación de la justicia es la norma.
El dúo dinámico: fuerza e inteligencia
Los cuerpos de seguridad pública de cualquier gobierno del mundo asumen uno de los compromisos más nobles, pero también uno de los más desafiantes: proteger a los ciudadanos de una enorme cantidad de peligros posibles, entre ellos, las acciones de grupos criminales dedicados al robo de bienes, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, etcétera.
En primera instancia, se podría pensar que el reto principal es asegurar una reacción pronta y contundente –por ejemplo, detener al criminal, confiscar el cargamento de estupefacientes o rescatar a la víctima.
Evidentemente, dicha tarea es primordial. Sin embargo, con el apoyo de tecnologías de analítica avanzada, los encargados de la seguridad pública no sólo responden eficazmente a los percances; al mismo tiempo, obtienen la capacidad de recopilar información de distintas fuentes, estudiarla a fondo, y aprovecharla para diseñar estrategias sofisticadas (medidas preventivas, gestión efectiva de personal y recursos, creación de posibles escenarios de riesgo, entre otras habilidades).
Para confirmarlo, imaginemos un escenario. En una ciudad, un cuerpo policiaco puede ubicar una zona donde constantemente se realizan detenciones por comercio de drogas; por tal motivo, el gobierno local destina recursos significativos al lugar. Sin embargo, ¿cómo detectar un espacio que empieza a destacar como área crítica en términos de consumo de estupefacientes? ¿cómo evitar que se convierta en un problema grave adicional?
En una circunstancia así, la analítica avanzada es una herramienta increíblemente útil para los especialistas en seguridad pública.
Entre otras habilidades, esta innovación provee capacidades como:
• Capacidad para recopilar y analizar cualquier tipo de información (datos estructurados y no estructurados), y procesarlos para detectar amenazas potenciales.
Usando el ejemplo anterior: se podría observar que las clínicas de una zona están incrementando los reportes de sobredosis de estupefacientes, al tiempo que las detenciones por portación ilegal de armas en la zona también empiezan a crecer.
En un cruce de información, esto podría indiciar el surgimiento de un nuevo punto de distribución de drogas; y al conocer la situación, los cuerpos de seguridad pública aplican estrategias preventivas y disuasivas para impedir la aparición del problema.
• Gestión inteligente y oportuna de los datos de seguridad pública.
A través de un proceso analítico (inmediato, con perspectiva de los elementos humanos y materiales disponibles, con capacidades cartográficas), el gobierno, siempre presionado por los factores presupuestales, puede designar los recursos necesarios para detener la actividad ilícita en la zona que empieza a dar mayores problemas; y sin desproteger a otros ciudadanos del lugar (estudiantes, mujeres, clientes de bancos, etc.) y blindando las áreas vecinas (con personal y recursos técnicos) para evitar que los criminales simplemente se muden de colonia.
• Análisis de evidencia con gran rapidez y precisión.
A diferencia de lo que ocurre con los sistemas tradicionales de averiguación (que pueden resultar lentos, burocráticos y poco efectivos), una investigación potenciada por la analítica puede estudiar cualquier tipo de evidencia y, mejor aún, a gran velocidad realiza cruces entre los distintos elementos disponibles (datos de geolocalización, números telefónicos, placas de automóvil, direcciones, publicaciones en redes sociales, etc.) y genera relaciones y patrones que contribuyen a una rápida aplicación de la justicia.
En la defensa de los ciudadanos, no todo debería reducirse al uso de la fuerza. Si queremos que nuestros cuerpos de seguridad sean eficientes, contundentes en la aplicación y que no expongan su vida en forma innecesaria, podemos ofrecerles un arma realmente poderosa: el análisis de la información.
Por Santiago Fainstein, director de Customer Advisory en SAS para la región de Latinoamérica
