Un grupo de expertos de la ONU instó hoy al Gobierno de México a llevar a cabo una investigación transparente, independiente e imparcial sobre la presunta utilización de programas informáticos espías contra defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas.
Organizaciones civiles y prensa internacional han denunciado el uso por parte de las autoridades mexicanas de «Pegasus«, un programa que pudo haberse introducido en los teléfonos móviles de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves de los derechos humanos en 2015 y 2016.
«Estas denuncias representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección de los activistas sociales y periodistas en México», afirmaron los expertos mediante un comunicado.
Según se ha informado, la intervención informática puede haber afectado a miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la entidad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad.
También puede haber sido afectado el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros de un grupo que participa en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, según menciona el comunicado emitido por los relatores de Naciones Unidas.
Entre los periodistas que afirman haber sido espiados están Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.
Además, de acuerdo con la evidencia publicada, también puede haberse dado un caso de espionaje contra el hijo, menor de edad, de uno de las periodistas afectados y contra algunos miembros de partidos políticos de oposición.
«La posible implicación en la compra y el uso de ‘Pegasus’ de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación», indicaron los expertos de la ONU.
Asimismo, los expertos hicieron un llamamiento a que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y a que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas.
Suscribieron esta declaración los relatores sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; sobre la libertad de opinión y de expresión, David Kay; sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci; y la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Houria Es-Slami.
EFE
