Los países pertenecientes a la Unión Europea lograron un consenso el jueves respecto a la propuesta normativa presentada por Bruselas para fortalecer la detección, preparación y respuesta ante ciberataques, especialmente aquellos dirigidos contra servicios e infraestructuras críticas.
El siguiente paso implica llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo antes de que entre en vigor la Ley de Solidaridad Cibernética.
La normativa insta a los Estados miembros a intensificar la protección de servicios públicos e infraestructuras críticas, como las energéticas, hospitales y sistemas de transporte, promoviendo la colaboración en la gestión y respuesta ante ciberataques.
Con este fin, la Comisión Europea propuso la creación de un ‘ciberescudo europeo’, compuesto por una red de centros de operaciones nacionales y transfronterizos encargados de supervisar la seguridad en la UE y compartir información con los Estados miembros.
Además, Bruselas sugirió la creación de una reserva de ciberseguridad que incluya proveedores privados contratados previamente, capaces de asistir a un Estado miembro, institución comunitaria o agencia de la UE en caso de sufrir un ciberataque.
En la jornada de hoy, los gobiernos europeos reforzaron la naturaleza voluntaria de esta reserva y de la cooperación financiera contemplada en la normativa.
El acuerdo alcanzado también fortalece el papel de ENISA, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad.
