En un esfuerzo para que las empresas atiendan a sus clientes de una manera más eficiente, España aprobó un proyecto de ley que busca obligar a los call centers a atender las llamadas en un lapso que no supere los tres minutos.
El proyecto de ley que impulsa el Gobierno establece un límite de tres minutos y da a los consumidores el derecho a ser atendidos por una persona, no por una máquina, indicó el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
‘Se acabaron (…) los tiempos de espera prácticamente infinitos que producen frustración’, dijo el funcionario.
De esta forma, las empresas de servicios públicos y básicos se verán obligadas a dar respuesta a las solicitudes de los clientes en un plazo de dos horas, dijo el ministro.
Además, las organizaciones deberán informar sobre las incidencias relacionadas con el suministro del servicio en una línea telefónica gratuita durante las 24 horas del día y los 365 días del año y no podrán derivar a los clientes a líneas telefónicas de pago.
Quienes no cumplan con esta nueva ley se enfrentarán a multas de entre 150 y 10,000 euros y hasta 100,000 euros si el problema afecta a consumidores vulnerables o las infracciones se repiten.