Perder el teléfono móvil es, generalmente, un drama personal y económico, y cuando se trata de un robo, puede suponer además un riesgo físico para su propietario, al que los políticos de Estados Unidos quieren proteger con polémicas leyes que conviertan los dispositivos sustraídos en cacharros inservibles.
Los hurtos de telefonía han adquirido la dimensión de problema social en Estados Unidos donde estas actividades ilícitas cuestan al consumidor 30,000 millones de dólares al año, según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y suponen un lucrativo negocio para las mafias.
Las autoridades, tanto a nivel local como nacional, exigen medidas contundentes a fabricantes y empresas de telecomunicaciones que se resisten a dejar que los legisladores dicten las especificaciones técnicas de sus productos.
La presión de los representantes públicos se ha incrementado en los últimos meses hasta el punto de que el fiscal del distrito en San Francisco, George Gascón, y el jefe de Policía de Los Ángeles, Charles Beck, han llegado a cuestionar la buena fe del sector.
Proveedores de telefonía y fabricantes hacen miles de millones de dólares reemplazando teléfonos robados. También ganan dinero vendiendo seguros. Los beneficios no deberían guiar decisiones que tienen consecuencias de vida o muerte, aseguraron ambos en un artículo de opinión que firmaron esta semana en Los Angeles Times.
En febrero, varios senadores presentaron en Washington un anteproyecto de ley llamado «Smartphone Theft Prevention Act» para obligar a que todos los teléfonos inteligentes que se vendan en Estados Unidos estén equipados por defecto con una función que sólo el dueño pueda activar para terminar con la vida útil de su dispositivo y que funcione de forma remota en todo el mundo.
Ese mecanismo, bautizado como «Kill Switch», se planteó también a nivel estatal en Minnesota y en California, donde la iniciativa apoyada por Beck y Gascón fue rechazada esta semana en una votación muy ajustada en Sacramento, muy cerca de Silicon Valley.
Los opositores consideraron la propuesta una regulación excesiva por coartar la libertad de elección del consumidor que ya actualmente tiene a su disposición diferentes aplicaciones para asegurar que, en caso de pérdida o robo, pueda localizar su teléfono y eliminar todos los datos a distancia («Find My iPhone» de Apple, es un ejemplo).
Ese es uno de los argumentos utilizados por la organización CTIA, una asociación internacional que defiende los intereses de empresas del sector de la tecnología wireless que aglutina a gigantes de las telecomunicaciones y productores de dispositivos.
Para el analista Ramón T. Llamas, de la consultora IDC, el concepto de «Kill Switch» es una buena idea, pero le inquieta que en la práctica pueda acarrear otros problemas al usuario que anule ese sistema por equivocación, si bien la ley prevé que se establezca un mecanismo para resucitar el aparato en ese caso.
Tanto Verizon Wireless como AT&T, principales proveedores de red móvil en Estados Unidos, remitieron a Efe a las resoluciones adoptadas por CTIA sobre este asunto, entre las que está el pacto de autorregulación anunciado el 15 de abril llamado «Smartphone Anti-Theft Voluntary Commitment».
Se trata de un compromiso sectorial para que todos los nuevos modelos de teléfonos inteligentes fabricados después de julio de 2015 para su comercialización en Estados Unidos incorporen una herramienta antirobo o la ofrezcan para su descarga.
Esa declaración de intenciones fue firmada por Apple, Google, Samsung, HTC, Huawei, Motorola, Microsoft, Nokia, Asurion, así como Verizon, AT&T, T-Mobile, Spring y U.S. Cellular, y sus requerimientos técnicos se asemejan al «Kill Switch» exigido por los legisladores, aunque hay una importante diferencia.
La motivación detrás de la ley es desanimar a los ladrones de hardware al estandarizar un sistema que inutilice los teléfonos. Esto solo es posible si funciona en todos los casos. Las empresas prometen una herramienta con un carácter más opcional. Un criminal no sabrá, hasta que comete el hurto, si el dispositivo está o no protegido.
Los incentivos para el delincuente son elevados. Modelos del iPhone de última generación sustraídos en Estados Unidos, donde el terminal más caro cuesta 849 dólares, pueden alcanzar los 2,000 dólares en Hong Kong, como constató una operación contra una red asiática de comercio de smartphones robados desmantelada el año pasado en California.
Un informe del 18 de abril de la organización del consumidor estadounidense Consumer Reports señaló que el número de hurtos de teléfonos inteligentes en el país en 2013 fue cerca del doble que en 2012, un total de 3.1 millones de unidades.
EFE
